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Más de 70 mil migrantes han sido víctimas de tráfico o secuestro

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró que, en la última década, más de 70 mil migrantes han sido víctimas de tráfico y secuestro en México.

Las entidades con más casos de secuestro son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz Tamaulipas, y las personas más afectadas son provenientes de los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua Cuba.

En el Informe Especial sobre la situación de tráfico y secuestro en perjuicio de migrantes en México 2011-2020, la CNDH detalla las acciones realizadas en ese periodo por las autoridades migratorias, así como por las encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, relacionadas con la persecución y sanción de los delitos de tráfico ilícito y secuestro en perjuicio de migrantes en México.

Para su elaboración, la CNDH levantó la Primera Encuesta Nacional en 48 Estaciones Migratorias sobre las Condiciones de Viaje en México 2021, aplicando mil 174 cuestionarios en una muestra representativa diseñada por la Universidad La Salle.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estuvo a cargo del desarrollo de un apartado especial sobre el tráfico ilícito de migrantes en el país.

De los distintos informes rendidos, la comisión advirtió que México no cuenta con un Protocolo Homologado de Actuación especializado que garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de los delitos de tráfico y secuestro de personas migrantes, así como medidas de asistencia y protección y seguridad a las víctimas que atienda sus necesidades especiales.

La CNDH emitió 13 propuestas generales y 44 propuestas particulares para que las autoridades emprendan acciones precisas de coordinación en los tres órdenes de gobierno e impulsar el combate al tráfico y secuestro de migrantes en el que se incluya el fortalecimiento de las tareas de prevención del delito, procuración de justicia y el respeto de los derechos humanos.

Entre las propuestas generales, resaltó la urgente necesidad de cumplir el deber jurídico que tienen las instituciones del Estado competentes para garantizar la seguridad pública, de prevenir la comisión de conductas delictivas y, en su caso, investigar los delitos que lleguen a cometerse, con fin de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes, garantizando que no queden impunes.

Entre las propuestas particulares más relevantes se encuentra aquella dirigida al Instituto Nacional de Migración (INM) para que adopte mayores medidas para facilitar el ingreso y tránsito de los migrantes, a fin de que no recurran a vías clandestinas, reduciendo el riesgo a ser objeto de delitos y violaciones a sus derechos humanos.